La ley establece que una vez que está firme la sentencia, la Anses debe hacer el çálculo para abonar dicho juicio dentro del término de los 120 díaas. No siempre lo cumple, y vencido ese plazo, es necesario iniciar una ejecución de sentencia, es decir, denunciar en el expediente judicial que Anses no cumplió (o cumplió en forma errónea, abonando una diferencia inferior a la que establece la sentencia firme y comenzar el proceso de ejecución). De esta manera, el jubilado o pensionado cobra el retroactivo corrspondiente mediante un embargo judicial. Lo que no sucede habitualmente es la actualización de los haberes por esta vía, ya que Anses no actualiza el monto que la persona cobra mes a mes, aún habiendo ganado el juicio. Para eso, o bien hay que esperar que Anses liquide la sentencia, o bien embargar varias veces hasta que finalmente Anses corrija el haber y pague lo que corresponda.

Hay en la actualidad cerca de 250.000 causas de jubilados y pensionados que están en los tribunales de la seguridad social en proceso para obtener sentencia por esta clase de juicio. Esta cifra se desprende del informe de la Jefatura de Gabinete que se brindó la semana pasada en el Congreso.

Anses paga las sentencias judiciales de acuerdo al presupuesto asignado cada año para tal fin. Generalmente se aprueba un presupuesto para abonar 40.000 sentencias aproximadamente por año. Es por esta razón que el stock nunca se achica.

Sumado a esta situación, hay que agregar la falta de nuevos fallos por parte de la Corte Suprema que resuelvan lo que ha sucedido con los haberes jubilatorios del 2018 en adelante. Esto es: el cambio de la ley de movilidad durante el gobierno de Macri y su mala aplicación en marzo del 2018, los aumentos dados por decreto durante la suspensión de dicha ley en 2020, los bonos que se otorgaron desde el 2019 en adelante para solo cierto sector de los jubilados y pensionados. Todas esas cuestiones están aun a la espera de que la Corte Suprema decida si han sido válidas o no.