La pobreza infantil se instaló en diciembre de 2016 y se viene manteniendo sistemáticamente por encima del promedio general, lo que pone en evidencia que la infancia enfrenta condiciones estructurales de vulnerabilidad que no se corrigen con el tiempo, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA), que dirige el economista Jorge Colina.
Las carencias que enfrentan los hogares a los que pertenecen los chicos y jóvenes sumergidos van más allá del dinero.
Provoca consecuencias estructurales, como por ejemplo, que en la cuarta parte de los hogares ninguno cuenta con algún integrante que haya completado la enseñanza obligatoria, lo cual limita seriamente sus posibilidades de acceder a empleos de calidad.
Asimismo, los jóvenes de menores ingresos son los que menos acceden a la universidad. Los más bajos, 22% contra el 33% de los más altos.
La tasa de desocupación de los jóvenes entre 14 y 29 años fue de 13,1%, mientras que para los adultos entre 30 y 64 años baja al 4,5%.
En otras palabras, los jóvenes enfrentan un desempleo que triplica el de los adultos, y la magnitud de esta diferencia se mantiene a lo largo del tiempo.
Para el tercer trimestre de 2024, el 45,1% de los jóvenes ocupados son asalariados informales, mientras que en los adultos ese porcentaje se reduce a 22,2%.
Si además se consideran a los no profesionales que trabajan como cuentapropistas (no asalariados), el porcentaje de jóvenes que trabaja en la informalidad asciende al 62,4%, contra un 40,4% de los adultos ocupados.
En términos de infraestructura básica, la mitad de los hogares con niños pobres no accede a gas por red, y el 14% carece de conexión a agua corriente.
Más del 42% de estos hogares declara depender de ayudas sociales como parte de sus ingresos mensuales, lo cual revela un nivel alto de vulnerabilidad y dependencia del Estado para subsistir.
Un trabajo de UCA con datos de 2023 (“Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023”) afirma que casi un tercio de los chicos y adolescentes en el país “no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas”.
En cuanto a la salud el 55,8% de la población en estudio no cuenta con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.
En tanto, el 39,5% no vive en un hábitat digno con los servicios básicos como agua potable, cloacas o descarga en el inodoro.
En otro orden, “dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a Internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora”.
Combinando pobreza de ingresos, falta de acceso a servicios básicos, precariedad laboral y bajo nivel educativo configura un escenario de vulnerabilidad multidimensional, que condiciona las oportunidades de desarrollo de millones de niños y niñas.
