La Cámara Alta santafesina respondió con un tratamiento inmediato a la habilitación legislativa en extraordinarias por parte del Ejecutivo, con la inseguridad como eje. Con apenas unos días en su poder, sobre tablas y por unanimidad produjo dos medias sanciones relevantes. En un caso completó la sanción de una ley venida de Diputados (que esperaba tratamiento desde julio del año pasado) e implica una reforma de fondo al Código Procesal Penal y vuelve al cuerpo joven en revisión. En el otro, se trata de una política pública elemental para hacer frente al robo de caudalímetros de agua, piezas de las instalaciones domiciliarias de gas y cables del tendido eléctrico. Incluso de los picaportes antiguos de las viviendas y de las placas conmemorativas en parques y plazas.

Es por fin ley la creación de un registro obligatorio para quienes se dediquen al acopio y la comercialización de infraestructura eléctrica, de conducción de gas y de agua potable, al crear un registro de acopiadores de bronce y cobre. Al proyecto de la diputada socialista Lionella Cattalini y su par justicialista Oscar Martínez (FR-100% Santafesino) no se le tocó una coma: estaba esperando que se complete su sanción desde el 9 de junio de 2022 y ahora, ante el pedido del gobernador, en un contexto de urgencias por la inseguridad, se aprobó sin dilaciones.

En otro asunto, bastante más espinoso, vuelve a instalarse el debate en la Legislatura entre una Cámara que buscar reformas para facilitar e incluso obligar a los jueces a dictar la prisión preventiva, mientras la otra observa con preocupación la posible afectación de las garantías individuales en una norma de este tipo. Unos acusan a otros de «punitivistas» y viceversa de «garantistas». En medio, la población y los problemas de inseguridad.

Si Diputados completa la media sanción del Senado, los jueces deberán dictar la prisión preventiva cuando en «el hecho investigado se haya utilizado arma de fuego sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición, o en caso de portación o tenencia ilegítima de armas de fuego».

Lisandro Enrico (UCR-General López) explicó las reformas a la norma con media sanción de Diputados y la devolución del texto a esa Cámara de un modo sencillo: dijo que de completar la norma tal como vino, no habría mayores cambios en los procedimientos penales.

El jefe de la bancada del radicalismo recordó que antes de la media sanción de ese proyecto en Diputados, el gobernador había enviado otro que no prosperó. En su lugar, «la otra Cámara sancionó otro, bastante más liviano», graficó Enrico. Explicó que el que hoy sancionaron por unanimidad los senadores se le parece.

No me vengan con los fantasmas de la inconstitucionalidad, son las normas que nos piden los vecinos que sufren la inseguridad: hoy Rosario vive el nivel de desempleo más bajo en los últimos 25 años y la violencia no tiene límites», advirtió.

«Queremos marcar un límite. Quien usa armas de fuego sin el debido permiso va preso», es una política pública de seguridad. Y lo mismo para quienes han gozado de los beneficios de las excarcelaciones y recaen en el delito: una traba a la puerta giratoria.

Enrico reflexionó sobre la actual prioridad que tiene en el fuero penal preservar el proceso, cuidar las pruebas, «una testimonial parece valer más que la vida de la gente», comparó. Pidió más atención respecto de los efectos concretos que tienen en la calle las decisiones en los estrados.