La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que no se puede abrir el comercio internacional sin igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar seguir perdiendo empleos.

Dijo que la carga fiscal y la falta de infraestructura son “las principales barreras contra la competencia».

La UIA pidió avanzar en una agenda de mejora de la competitividad y desarrollo industrial del país, en paralelo a las medidas de apertura del comercio internacional.

Durante la reunión de Junta Directiva, los representantes sectoriales y regionales analizaron el impacto de las medidas anunciadas con relación a la importación.

Al respecto, resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.

Las autoridades de la Junta Directiva coincidieron en que si no se resuelven los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales, avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las PyMEs, y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023.

Las propuestas de la UIA para la mejora de la competitividad de las industrias nacionales, junto con el diagnóstico sobre la situación actual, pueden verse en el informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”.

El estudio muestra que la industria argentina tiene una productividad que se encuentra por encima del promedio de América Latina pero en términos de competitividad el país ocupa el puesto 66 de 67 países.

Juicios laborales

Además, las autoridades manifestaron gran preocupación por el crecimiento de la judicialización en el ámbito productivo, específicamente en casos vinculados con accidentes laborales.

Según el informe, en octubre se notificaron a las ART 11.851 juicios acumulando 105.960 nuevos juicios en el año.

De esta manera, se observa que hubo un aumento del 14,3% respecto de Octubre/23 (10.366 juicios), y un aumento del 7,6% respecto del acumulado del año 2023 (98.484 juicios).

Por otro lado, se destacó que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos, en gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo, a pesar de que los litigios han subido un 25%.

Ante esta problemática, los miembros de Junta Directiva señalaron la importancia de avanzar en medidas integrales para contener el incremento de la litigiosidad y el consiguiente ajuste de las alícuotas.

En este sentido, remarcaron la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, un punto estipulado en la Ley 27.348, sancionada en 2017.

La creación de estos cuerpos médicos es el último elemento pendiente en la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo, aún sin concretarse en la mayoría de las provincias y en la justicia laboral nacional.

“Cumplir con esta normativa es esencial para consolidar los esfuerzos del sector orientados a la mejora de las condiciones laborales, la promoción de una cultura de la prevención virtuosa y la previsibilidad en los litigios judiciales ya que el aumento de la litigiosidad viene generando un incremento de las alícuotas, lo que afecta los costos de producción”, indicó la UIA.