La promesa oficial de no gravar a los usuarios se aleja. Los argumentos oficiales en el decreto publicado en el boletín oficial.
El Gobierno nacional oficializó un aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a partir del 1° de abril, en el marco de un cronograma de actualizaciones postergadas desde el año pasado y también se definió que otro incremento se aplicará desde el 1° de mayo.
La medida se formalizó mediante el decreto 243/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según lo dispuesto, el impuesto sobre los combustibles líquidos para la nafta se incrementará en $5,461 por litro, mientras que el correspondiente al dióxido de carbono subirá $0,335. En el caso del gasoil, los aumentos serán de $4,266 en el impuesto general, $2,310 en el tratamiento diferencial para zonas del sur del país y $0,486 en el tributo al dióxido de carbono.
Estos incrementos responden a actualizaciones pendientes de 2023 y 2024 que, por decisión del Poder Ejecutivo, habían sido diferidas en varias oportunidades. Con este nuevo esquema, los efectos de las actualizaciones correspondientes al primer trimestre de 2024 se aplicarán parcialmente en abril, y el resto —incluyendo los ajustes de los tres trimestres restantes de 2024— impactarán a partir del 1° de mayo.
La actualización de estos tributos se realiza de manera trimestral, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, acumulada desde enero de 2018. La postergación de estos aumentos en el último año fue uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno para contener el precio final en surtidores, aunque con fuerte impacto en la recaudación.
El nuevo esquema regirá para todos los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 30 de abril inclusive, mientras que desde mayo comenzará a regir el incremento total por las actualizaciones
acumuladas. El decreto enfatiza la necesidad de mantener una política fiscal consistente y avanzar con las correcciones impositivas previstas en la legislación vigente.
