El conflicto comenzó cuando los empleados municipales decidieron reclamar un aumento salarial que, según afirman, responde a la inflación y al costo de vida. El intendente Murer, en respuesta, acusó a los sindicalistas de actuar de manera irresponsable al no acatar la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, la cual fue solicitada el jueves por el municipio para garantizar los servicios esenciales en la localidad. Sin embargo, ATE desobedeció la medida e incluso no se presentó a la audiencia prevista, lo que fue calificado por el gobierno local como una infracción grave.

El municipio, en su defensa, destacó que, pese a la paralización parcial de los servicios, más del 80% de los empleados municipales continuaron trabajando y se contrató el apoyo de empresas privadas para reponer la recolección de basura y otros servicios críticos. De esta forma, se logró asegurar la continuidad de los servicios básicos, aunque la situación sigue siendo compleja.

Desde el lado sindical, ATE expresó su malestar por lo que consideran una postura antidemocrática del intendente Murer. El gremio denunció que los funcionarios municipales están amenazando con sanciones y descuentos salariales a quienes se adhieren a la medida de fuerza, lo que, según aseguran, constituye una violación del derecho a la huelga y una práctica antisindical. ATE responsabilizó al intendente de la escalada del conflicto, asegurando que si la situación empeora, será él quien deba rendir cuentas.

El paro afecta no solo a los servicios básicos, sino también a la atención social en la Villa. Uno de los sectores más golpeados por el paro ha sido el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), donde se han restringido las viandas alimentarias para los niños que asisten al lugar. Esto ha generado gran preocupación en la comunidad, ya que muchos de estos niños dependen de estas viandas para su alimentación diaria.

Por su parte, Murer anticipó que descontará los días de paro a aquellos trabajadores que persistan en su desobediencia a la conciliación y no retomen sus funciones. También criticó con dureza la actitud de ATE, subrayando que cada jornada de paro le cuesta a la comunidad más de 40 millones de pesos, una cifra que considera insostenible para la economía local.

El contexto de la negociación salarial agrava la situación. En diciembre, el municipio acordó una paritaria para 2025 que establece aumentos salariales trimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el reclamo de ATE se centró en la recomposición de las categorías del escalafón municipal, que no fueron incluidas en el acuerdo. A pesar de que las negociaciones continuaron durante este mes, aún no se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio entre ambas partes.

Este escenario ha generado una fuerte polarización en la localidad, con los trabajadores reclamando mejoras en sus condiciones laborales y el intendente Murer tratando de asegurar la prestación de los servicios sin ceder a lo que considera demandas desmedidas. La posibilidad de una mayor escalada en el conflicto es cada vez más probable si no se alcanza un acuerdo rápido entre las partes. Las autoridades provinciales y nacionales estarán observando de cerca cómo se desarrolla este enfrentamiento, ya que su resolución podría marcar un precedente en la gestión de conflictos laborales en el sector público.

Mientras tanto, los vecinos de Villa La Angostura continúan enfrentando las consecuencias del paro, con servicios esenciales interrumpidos y una creciente incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.