Mañana, las autoridades de Aerolíneas Argentinas volverán a reunirse con los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), para continuar con las conversaciones iniciadas el viernes y que implicara una “tregua” por parte de los gremios en cuanto a las medidas de fuerza.

Predecir que va a ocurrir en este nuevo encuentro, que como los anteriores, será con cada sindicato por separado, es un poco aventurado. No obstante no es descabellado suponer que, por el momento, se mantendrá la calma y no tendremos, al menos en los próximos días, conflictos que deriven en problemas con los vuelos.

Y es que los gremios, más allá de la ratificación de lo justo de su lucha por una recomposición de salarios, han advertido que han perdido uno de los sustentos esenciales que necesitan para legitimar sus reclamos, y esto es la comprensión de la gente, del usuario.

Los sindicalistas, aquellos que desde hace años están al frente de las organizaciones gremiales, se enfrentan hoy a un panorama diferente al de otras épocas no muy lejanas. A la ya mencionada caída en la consideración popular, hay que sumar que también existe un descontento interno, que va creciendo a medida que se profundiza el nivel de la protesta.

Y si bien todos están de acuerdo en la defensa de los salarios, en la necesaria recuperación del poder adquisitivo de los mismos, las formas se fueron distorsionando y ya hay muchos, que como el caso del gremio que encabeza Ricardo Cirielli, se han manifestado en contra del plan de lucha instrumentado por APLA, AAA y APA, porque entienden que, de esta manera, le están “haciendo el juego” al Gobierno en sus intentos privatizadores de Aerolíneas Argentinas y de Intercargo.

Pero, ¿hasta qué punto la puja de poder entre los sindicatos y el Gobierno puede inclinarse en uno u otro sentido?. Es difícil avizorarlo, porque ya hablamos de las debilidades de los trabajadores, y por el lado del Gobierno, aunque insistan en que la decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas está tomada y que Intercargo no existe más tal como lo conocíamos, la realidad es que llevar a buen puerto estas iniciativas no es tan sencillo en el corto plazo.

Vamos por partes. Para privatizar Aerolíneas es necesario contar con dos elementos básicos sustanciales: una ley y un comprador. El Gobierno no tiene ninguno de los dos. No hay ley porque el Congreso aún no ha tratado los proyectos en danza. Y no hay comprador, porque en las condiciones actuales, como dijo un empresario de la industria, “Aerolíneas, gratis, es cara”.

La insistencia del Gobierno de modificar los Convenios Colectivos de Trabajo para “reducir” los privilegios con que cuentan los empleados de Aerolíneas, es un paso en ese sentido. Paralelamente se están tomando medidas tendientes a un mejor aprovechamiento de los recursos, a la reducción de costos operativos y a la búsqueda de los caminos que lleven a un achicamiento sustancial de los aportes del Estado.

Por el momento no es suficiente y no hay garantías de que, aun cuando se logren estos supuestos, se alcance el equilibrio necesario para el funcionamiento autónomo.

Lo real y concreto es que, si hoy el Gobierno decidiera no aportar un peso más en Aerolíneas, ésta dejaría de funcionar en poco tiempo. Pero si eso ocurriese, se generaría un vacío de conectividad imposible de subsanar en el corto y mediano plazo, porque no hay compañía que tenga a disposición la cantidad de aviones que se necesitaría para cubrir el hueco que dejaría Aerolíneas.

Y aunque el Gobierno está en conversaciones con otras compañías para avanzar en una eventual ausencia de la línea de bandera, no es una solución que se pueda implementar de manera inmediata, y la consecuencia sería casi catastrófica en vísperas de las vacaciones de verano

Otro tanto ocurre con Intercargo, con la diferencia de que en el caso de Intercargo, ésta no requiere aportes del Estado para su subsistencia. De hecho genera dividendos a partir de su monopólico accionar en casi todos los aeropuertos del país, con clientes tan sustentables como las compañías aéreas extranjeras que operan en el país.

Pero su desaparición, también traería aparejada una situación insostenible, ya que dejaría sin servicio a las empresas que llegan desde el extranjero a la Argentina, con los perjuicios invaluables que eso implica.

Como se ve, las cosas no están muy claras ni de un lado ni del otro, por lo que posiciones extremas lo único que logran es un perjuicio general de ambas partes, con un tercero involucrado, convidado de piedra en el conflicto: el usuario.

Tal vez por eso se bajaron los decibeles y la puja de fuerzas disminuyó considerablemente. Una salida negociada del conflicto es la mejor solución para todos. Desde IATA (Asociación del Transporte Aéreo Internacional), han manifestado ya numerosas veces que, la privatización no tiene por qué ser la muerte de Aerolíneas.

En manos privadas o del Estado, debe necesariamente ser sustentable y si se hacen las cosas bien, no como en los 90, la privatización hasta puede llegar a ser un beneficio para la empresa y por ende para los trabajadores. Lo ideal es que el Estado ejerza al menos un control eficiente para que los compromisos adquiridos por el privado, sean cumplidos y de esa manera evitar errores del pasado.

En cuanto a Intercargo, ha demostrado ser una empresa eficiente en la prestación del servicio de rampa. Entonces, no hay razón para que no salga a competir con otras empresas brindando un servicio mejor y a un menor costo.

Lo que sí está claro es que, el Estado no está en condiciones de seguir subsidiando. Si los gremios tienen eso en claro y el Gobierno se aviene a considerar que los tiempos de cambio no deben ser necesariamente perentorios, es probable que se pueda ver la luz al final de un conflicto que, de otra manera, puede terminar llevándose a todos puestos.