La modalidad es conocida como «carancho» y para la Justicia fue una asociación ilícita que operaba en la zona sur del Conurbano bonaerense, donde inventaban accidentes para obtener indemnizaciones millonarias de las compañías de seguros.

Justamente, en 2018 el abogado Nicolás D´Albora hizo la denuncia en representación de un grupo de aseguradoras: la Caja de Seguros S.A; Sancor Cooperativa de Seguros, Seguros Pura, Compañía de Seguros La Mercantil S.A; San Cristóbal, Federación Patronal y Rivadavia.

Según la investigación hecha por la fiscalía de Lomas de Zamora, la banda integrada por abogados y «punteros», era la que conseguía a las «víctimas» de los accidentes de tránsito. Ahora, el fiscal le pide al juez de instrucción Gustavo Gaig que envíe a juicio a esas 24 personas.

La modalidad era que los «punteros» captaban personas que tenían algún tipo de lesión y realizaban denuncias por accidentes de tránsito que, supuestamente, habían sufrido. Ahí es donde intervenían los abogados motorizando los expedientes en Tribunales para conseguir las indemnizaciones por parte de las aseguradoras.

Detrás de eso también estaba la connivencia de peritos que constataban las lesiones, de falsos testigos y de supuestos empleados judiciales infieles que daban pie a las demandas.

El pedido de llevar ajuicio por asociación ilícita en concurso con defraudación es para Micaela Mariela Alegre, Virginia Eliza Alizegui, Juan Carlos Bootz, María Laura Brea, Fabián Esteban Contino, Julio Cesar Gaito, Walter Damián Lobo, Jacqueline Florencia Hernández, Mauricio Ariel Ledesma, Pedro Claudio Pellicori, Rodolfo Daniel Luna, Anabella Romano, Jorge Luis Messina, Carla Eliana Pellicori, Andrea Patricia Prósperi, Alfredo Daniel Truglio, Mariano Alberto Zas, Gustavo Martín Viceconte, Gabriel Alejandro Cheves, Fernando Eduardo Vidal y Virginia Alizegui.

En tanto, la imputación sobre Emiliano Rafael Rao es por acceso ilegal e ilegítimo a un banco de datos personales en concurso ideal con el de violación de secretos, agravado por haber sido cometido por un funcionario público en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado por recaer de un hecho precedentemente grave.