Cincuenta y cuatro efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron procesados como acusados de torturar a internos del penal de Ezeiza cuando en junio de 2019 intentaron disipar un reclamo de los reclusos.

Así lo dispuso el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien hizo lugar al requerimiento de la fiscal federal 2 de ese fuero, Cecilia Incardona.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación informó a través de su página institucional, que el magistrado también les trabó a los imputados embargos sobre sus bienes por sumas de entre 10 y 15 millones de pesos.

En la investigación colaboraron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Para los acusadores, las torturas se produjeron en forma continua entre el 9 y el 13 de junio de 2019, en el Complejo Federal 1 de Ezeiza.

Entre los penitenciarios involucrados hubo personal del cuerpo de requisa, médicos de guardia, bomberos del Grupo de Operaciones Anti Siniestros (GOAS), integrantes del Grupo de Resolución de Incidentes (GERI); celadores del pabellón B; y la totalidad del personal de la jefatura de turno de la Unidad Residencial III.

Según el MPF, todo comenzó cuando los penitenciarios ingresaron al pabellón B con el fin de disipar un reclamo de los reclusos allí alojados y en esas circunstancias «se produjo un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza».

De acuerdo a la imputación, los agentes «dispararon en numerosas oportunidades, con postas de goma, en forma directa al cuerpo de las personas privadas de la libertad, a quienes también rociaron con gas pimienta en sus rostros y sometieron a golpes cuando ya habían sido reducidos y no oponían resistencia».

«Durante la secuencia, los médicos omitieron asistir a los lesionados a quienes, además, expusieron sin causa justificada a los efectos del humo y el gas lacrimógeno dispensado por los agentes penitenciarios», indicó el MPF.

Y agregó que luego las víctimas «fueron encerradas en sus celdas hasta el 13 de junio, periodo durante el cual no se les brindó comida, ni se los dejó utilizar las baños, duchas y luz artificial», al tiempo que «tampoco se les brindó la debida atención médica».

Tras ser alertado de lo ocurrido, una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, concurrió al lugar y advirtió el estado en el que estaban los detenidos y posteriormente «se verificó que las autoridades penitenciarias falsearon las actuaciones administrativas y el sumario de prevención, a fin de ocultar su ilícito accionar».

Por su parte, la fiscal Incardona junto a personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) concurrieron al complejo penitenciario para levantar rastros, recibir la declaración de las víctimas y documentar sus lesiones.

También constataron el estado de las instalaciones carcelarias y secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad y documentación de interés para la investigación.

En paralelo, se interpuso una acción de habeas corpus, ante lo cual, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata consideró que los hechos constituían un agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención.

En base a todos los elementos reunidos en el expediente, 54 efectivos fueron procesados por el delito de torturas, y al jefe de día del establecimiento por la omisión de impedirlas.