En la década de 1990, como parte de las políticas de privatización del gobierno nacional, las represas hidroeléctricas de la provincia de Neuquén fueron concesionadas a manos privadas. Más de 30 años después, estos contratos vencieron en julio de 2023, lo que generó una disputa entre la Nación y las provincias, principalmente Neuquén y Río Negro, sobre quién debería tomar el control de estas infraestructuras clave para la generación de energía. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, ha prorrogado las concesiones en varias ocasiones, siendo la última en enero de 2024, por 60 días más, con la estatal Enarsa actuando como veedora.

La discusión principal radica en si las represas deberían retornar al control de las provincias, que son dueñas originarias de los recursos naturales según la Constitución Nacional, o si deberían seguir bajo la administración nacional. Las provincias sostienen que, al ser titulares del dominio del agua, tienen el derecho y la responsabilidad de gestionar el uso del recurso hídrico que alimenta estas represas.

El control provincial sobre el agua y su gestión energética

El artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales situados en su territorio. En este sentido, Neuquén y Río Negro argumentan que el agua utilizada para la generación hidroeléctrica es un bien sobre el que las provincias deben ejercer control, no solo en cuanto a su uso, sino también en la fiscalización de las actividades asociadas a su explotación. Este control abarca la producción de energía, la gestión de los recursos hídricos y el impacto ambiental que generan las represas en las comunidades aledañas.

Un aspecto clave en esta discusión es el canon que las concesionarias pagan por el uso del agua. Las provincias sostienen que este canon debe estar en proporción con los ingresos generados por la producción de energía, y que los montos actuales no reflejan adecuadamente el valor de los recursos que están utilizando. La Ley de Agua provincial y su decreto reglamentario establecen las pautas para la valorización de estos recursos, lo que refuerza la posición de las provincias en su reclamo por mayor participación en la gestión.

Fallas en la regulación ambiental

Otro punto crucial de la discusión es el control ambiental. Las represas hidroeléctricas de Neuquén se construyeron y concesionaron antes de la promulgación de la Ley de Ambiente de la Provincia y su decreto reglamentario del 1999. Esto significa que, en muchos casos, estas infraestructuras nunca obtuvieron una licencia ambiental. Aunque la normativa actual exige auditorías periódicas para renovar dichas licencias, este proceso no se ha implementado en todas las represas de manera efectiva.

Además, no solo se carece de la licencia ambiental, sino que tampoco se tiene evidencia de que el Estado provincial esté controlando de manera adecuada la aplicación de medidas de mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad hidroeléctrica. Esta falta de control pone en riesgo los ecosistemas locales y las comunidades que dependen del agua y los recursos naturales afectados por las represas.

Impactos ambientales de las represas

El impacto ambiental de las represas es amplio y abarca tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades locales. Entre los principales efectos ambientales está la interrupción de las rutas migratorias de peces, que altera los ecosistemas y provoca una pérdida significativa de biodiversidad. La acumulación de sedimentos en los embalses también es un problema crítico, ya que afecta la fertilidad de los suelos aguas abajo y modifica el ciclo natural de los ríos.

Las áreas inundadas por los embalses destruyen hábitats naturales, forzando a animales y plantas a desplazarse o desaparecer. A su vez, las comunidades locales sufren los efectos del desplazamiento, ya que muchas veces se ven obligadas a abandonar sus tierras sin recibir compensación adecuada ni alternativas laborales. La gestión de estos impactos, tanto ambientales como sociales, debería involucrar más activamente a las provincias y a las comunidades afectadas.

La dimensión interprovincial de las represas

Un aspecto fundamental que se suma a la discusión es que las represas hidroeléctricas no solo impactan a una provincia, sino que sus efectos se extienden a otras jurisdicciones. Esto implica que las decisiones sobre el manejo de las represas no pueden ser tomadas exclusivamente por la Nación o por una sola provincia, sino que deben involucrar a todas las provincias afectadas por el uso de los recursos hídricos. La administración de estos proyectos debe considerar el impacto interprovincial de las represas, tanto en términos de los recursos naturales utilizados como de los efectos ambientales y sociales generados.

¿Quién debería gestionar las represas?

La pregunta de fondo sigue siendo: ¿deberían las represas volver al control de Neuquén y Río Negro, en consonancia con sus derechos sobre los recursos naturales, o debería la Nación seguir administrándolas como parte de su infraestructura energética estratégica? En un contexto donde la transición energética está en el centro del debate global, la gestión de fuentes de energía renovable, como la hidroeléctrica, cobra cada vez mayor relevancia.

El desenlace de esta disputa no solo marcará el futuro de las represas, sino que también redefinirá el equilibrio de poder entre la Nación y las provincias en la gestión de los recursos naturales fundamentales para el desarrollo energético del país.