El radar de control de velocidad ubicado en la Ruta 7, en el sector de Picada 19, fue retirado debido a irregularidades en la operación de la empresa Fluxa, responsable de su funcionamiento. La decisión generó diversas repercusiones en San Patricio del Chañar, con reclamos de los vecinos y preguntas sobre la validez de las multas emitidas por el radar desde su instalación.
El concejal Jhonatan Lagos confirmó en una entrevista con Radio 7 que “el radar fue retirado luego de que la empresa prestataria decidiera no homologarlo, lo cual dejó sin respaldo legal las infracciones emitidas en ese tramo”. Según Lagos, la empresa respondió al Juzgado de Faltas Municipal explicando que se retiraban debido a la falta de un contrato vigente que amparara sus operaciones en la zona.
La situación ha provocado malestar entre los vecinos de San Patricio del Chañar y de otras localidades afectadas, quienes habían sido multados por el radar. En respuesta, Lagos informó que “se presentó una denuncia con 58 descargos administrativos de ciudadanos que ya pagaron las multas y buscan el reintegro de los fondos”. También se pide la anulación de las infracciones para aquellos que aún no abonaron.
A raíz de las inconsistencias, la Municipalidad de San Patricio del Chañar solicitó un informe completo a la Juez de Faltas y se encuentra recopilando información de los casos afectados. Sin embargo, según el concejal, el intendente local no ha dado explicaciones a pesar de los reiterados pedidos por parte del Concejo Deliberante. Lagos mencionó que el intendente, tras presentarse en el concejo por primera vez en casi un año, decidió retirarse sin responder a las consultas sobre los fondos generados por el radar.
Los vecinos exigen transparencia sobre el destino del dinero recaudado en multas por el radar, del cual hasta el momento no se ha dado un informe financiero claro. Lagos destacó que esta situación ha generado desconfianza en la administración municipal y en la operadora Fluxa, por lo que el Concejo Deliberante continuará impulsando acciones legales para aclarar la situación.
La comunidad espera que las autoridades municipales respondan a estos cuestionamientos, mientras se evalúan posibles medidas legales contra la empresa Fluxa por no cumplir con los requisitos de homologación y contrato, lo que derivó en el retiro del radar. Asimismo, el concejal Lagos remarcó que esta situación ha afectado a ciudadanos de otras localidades que transitaban por el área.
A medida que el Concejo Deliberante avanza en su investigación, los vecinos afectados planean sumarse a las acciones legales para reclamar el reintegro de los pagos y exigir claridad sobre el manejo de los fondos. Lagos aseguró que seguirán denunciando cualquier irregularidad y trabajando para que se tomen acciones correctivas en la administración municipal y en la regulación de los controles de velocidad.
