En una jornada de alta tensión en el Congreso, la Cámara de Diputados convalidó el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Aunque el resultado generó controversia, no alcanzaron los votos necesarios para insistir en la sanción de la ley. El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo, quien votó en contra del veto, expresó su preocupación por las consecuencias sociales y educativas de esta medida.
El veto de Milei se confirmó luego de que el Congreso no lograra los dos tercios necesarios para insistir en la ley que proponía un aumento en el financiamiento universitario. Según Llancafilo, 160 diputados votaron a favor de mantener la ley, lo que representa un 65% del cuerpo legislativo, apenas por debajo del 66,7% requerido para revertir el veto presidencial.
“Estuvimos muy cerca de revertir el veto, pero finalmente se impuso la decisión del Ejecutivo”, señaló Llancafilo, quien argumentó que el resultado no refleja la voluntad de la mayoría de la sociedad. “Entre el 75% y el 80% de la población no está de acuerdo con esta medida”, aseguró, citando encuestas que reflejan un amplio rechazo a la política de recorte en la educación superior.
El legislador también subrayó que este veto tiene un impacto directo en las universidades públicas, que ya enfrentan un retraso inflacionario significativo en sus presupuestos. “Estamos hablando de un 270% de desfasaje entre lo presupuestado y lo necesario para enfrentar la inflación”, explicó Llancafilo, quien destacó que la mayor parte del presupuesto universitario se destina a salarios, dejando escaso margen para cubrir los gastos de funcionamiento.
En el debate también se mencionó la falta de auditorías claras por parte del gobierno sobre la ejecución presupuestaria de las universidades. Llancafilo afirmó que no existe un informe que demuestre mal uso de los fondos por parte de las instituciones educativas, y llamó a una discusión más objetiva y menos politizada sobre el tema.
El impacto del veto no solo afecta a la educación, sino también al sector laboral vinculado a las universidades. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, los salarios docentes y no docentes están atrasados en un 50% en comparación con la inflación, lo que agrava la situación para miles de trabajadores.
El recorte también ha generado manifestaciones en todo el país, con movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública. Aunque algunos sectores políticos intentan capitalizar estas protestas, Llancafilo enfatizó que se trata de una reacción genuina de la ciudadanía ante una política que perciben como regresiva.
Por otro lado, el diputado advirtió sobre las tarifas de servicios públicos, que han tenido un impacto considerable en las finanzas de las universidades. “El aumento en las facturas de gas y luz ha sido cuantitativo, lo que añade una presión adicional al ya reducido presupuesto”, señaló.
Finalmente, Llancafilo llamó a repensar las prioridades del gobierno nacional en cuanto al financiamiento educativo, destacando que el recorte no solo afecta a las universidades, sino al desarrollo del país en su conjunto. “Sin una educación pública fuerte, estamos comprometiendo nuestro futuro”, concluyó.
El veto presidencial no podrá ser revisado nuevamente hasta dentro de un año, lo que deja en suspenso cualquier posibilidad de mejorar el financiamiento universitario en el corto plazo.