El personal de Población Judicializada en Neuquén mantiene un paro total desde el pasado 1 de noviembre, cuando un chofer del sector fue atacado a balazos en Cutral Co. Ante este grave incidente, los trabajadores han iniciado una asamblea permanente y retención de tareas, exigiendo respuestas del Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y demandando medidas urgentes para su protección. La esperada reunión con el funcionario se concretará mañana a las 10.30 en la sala Laffite.
El ataque al chofer, que recibió ocho disparos contra su vehículo, generó alarma entre los trabajadores y llevó a que el sector adoptara medidas de fuerza. “No estamos trabajando, pero tampoco estamos en huelga total; estamos en asamblea permanente, esperando una respuesta”, explicó Julio Salazar, uno de los referentes del sector. Las tareas están interrumpidas tanto en la sede central como en las delegaciones de Cutral Co, Aluminé, Zapala y San Martín de los Andes.
A pesar de las constantes demandas, los trabajadores no han recibido comunicación alguna del Ministerio de Seguridad. “No hemos tenido ningún tipo de novedad, ni llamadas, ni mensajes de parte de los asesores del Ministro. Sólo la confirmación que después de 11 días de estar en asamblea permanente nos van a recibir”, agregó Salazar, visibilizando el descontento generalizado entre los empleados.
Apenas ocurrió el incidente con el chofer, la directora provincial de Población Judicializada, Natalia Vallejos, convocó a los trabajadores para informarles sobre el ataque sufrido por su compañero y presentar la denuncia policial realizada. Sin embargo, los empleados consideran insuficientes estas acciones y exigen medidas concretas para su seguridad, como la instalación de cámaras de seguridad en sus dependencias y protocolos de protección más estrictos.
El reclamo incluye también una solicitud formal de recursos, ya que, según Salazar, la falta de personal y vehículos de traslado limita gravemente las funciones del área. “No tenemos suficientes profesionales para el recambio ni vehículos para desplazarnos entre las delegaciones, lo que agrava aún más la situación”, explicó el referente, quien considera que esta precarización laboral pone en riesgo la integridad de todo el equipo.
La labor de los empleados de Población Judicializada, que incluye la supervisión y evaluación de personas privadas de libertad bajo regímenes de libertad condicional o domiciliaria, es clave para la reinserción social. Sin embargo, los riesgos inherentes a esta tarea han escalado. Según denuncian, además del ataque reciente, los trabajadores han sido blanco de amenazas telefónicas y enfrentamientos con internos armados.
Una de las situaciones más delicadas que enfrentan los empleados es la filtración de informes internos, que puede provocar represalias de familiares de los internos involucrados. Este tipo de incidentes, sumado a la violencia reciente, ha profundizado la tensión en el sector. En ocasiones se han acercado a la delegación de Neuquén a amenazar a los empleados con destornilladores y también han detectado que los familiares van alcoholizados a quejarse
El conflicto en Población Judicializada sigue en ascenso y los trabajadores han dejado claro que mantendrán las medidas de fuerza hasta que se garanticen condiciones de seguridad y laborales dignas. La reunión de mañana será determinante para definir si el conflicto persiste o si se logran avances en las demandas de los empleados.
El sector, que integra psicólogos, asistentes sociales, criminólogos, entre otros profesionales, trabaja directamente con personas en situación de libertad condicional y personas en contexto de encierro, en un esfuerzo por contribuir a la reinserción social. No obstante, el contexto de amenazas y violencia vuelve su tarea cada vez más riesgosa. “Lo único que podemos hacer es esperar una respuesta del Ministro Nicolini, pero la falta de acciones concretas nos pone en una situación muy vulnerable”, concluyó Salazar, reflejando la incertidumbre de los trabajadores.
