La retención de tareas iniciada por los trabajadores de Población Judicializada en Neuquén sigue en pie tras el ataque a tiros que sufrió un chofer del sector hace 13 días en Cutral Co. Los empleados reclaman medidas de seguridad y exigen una respuesta concreta del Ministerio de Seguridad. Ayer, realizaron la primera reunión con representantes de la cartera que encabeza Matías Nicolini, pero advirtieron que continuarán en asamblea hasta que se aborden todos los puntos planteados.

Julio Salazar, uno de los referentes del sector, explicó a Noticias 7 que durante el encuentro se discutió la implementación de un protocolo de seguridad en campo y en las sedes. “Hoy avanzaremos sobre lo trabajado, pero mientras no se traten dos puntos más de la agenda, seguiremos en asamblea y con retención de tareas”, señaló Salazar.

El ataque al chofer, quien fue baleado en su vehículo con ocho disparos, generó gran alarma entre los empleados de Población Judicializada. Desde entonces, el sector se mantiene en estado de alerta, y los trabajadores han implementado una asamblea permanente en todas las delegaciones, incluyendo Cutral Co, Aluminé, Zapala y San Martín de los Andes.

Según Salazar, la medida adoptada no es una huelga total, sino una interrupción parcial de tareas. “Estamos en asamblea permanente, no hemos abandonado el trabajo, pero no reanudaremos nuestras funciones hasta recibir garantías de seguridad”, explicó a Noticias 7, evidenciando la gravedad de la situación que enfrentan.

A pesar de los reclamos de seguridad que han formulado los trabajadores, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta oficial. “No hemos tenido novedades ni de los asesores del Ministro ni del propio Ministerio de Seguridad”, comentó Salazar, reflejando la frustración de un sector que se siente desprotegido frente a la violencia.

Aunque este ataque es el más grave registrado hasta ahora, los trabajadores afirman que ya han sufrido otras situaciones de amenaza, como llamadas telefónicas de intimidación y encuentros con internos que portaban armas blancas. Sin embargo, la filtración de informes internos sobre ciertos internos parece ser uno de los mayores riesgos que enfrentan, ya que puede generar represalias de familiares o allegados de los involucrados.

La Población Judicializada en Neuquén comprende a las personas privadas de libertad que, por decisión judicial, son evaluadas y supervisadas mientras cumplen medidas fuera de la cárcel, como libertad condicional, domiciliaria o salidas transitorias. Esta labor, que involucra la intervención de psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales, es clave para la reinserción de los individuos, pero también expone a los trabajadores a constantes riesgos de violencia.

La directora de Población Judicializada, Natalia Vallejos, intentó calmar los ánimos convocando a una reunión en la que informó sobre la denuncia policial realizada por el chofer atacado. Sin embargo, la respuesta fue insuficiente para los empleados, que insisten en la implementación de medidas de seguridad concretas y en la presencia de las autoridades provinciales en el lugar.

Exigen seguridad

Entre las medidas de seguridad exigidas por los trabajadores se encuentran la instalación de cámaras de vigilancia en las dependencias y un protocolo de acción ante situaciones de riesgo. Además, solicitan un encuentro directo con el ministro Matías Nicolini, aunque hasta ahora, el pedido no ha sido atendido. Además de las amenazas y la violencia, los trabajadores denuncian una creciente precarización de las condiciones laborales.

“No tenemos suficientes profesionales para el recambio, ni vehículos para trasladarnos entre las delegaciones, lo que agrava aún más la situación”, afirmó Salazar en diálogo con Noticias 7.  También señalaron la falta de recursos para llevar a cabo las tareas propias del área, como evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias a personas en libertad condicional.

A pesar de las dificultades, los trabajadores de Población Judicializada sostienen que su labor es fundamental. “Nosotros trabajamos con personas privadas de libertad, y lo que hacemos no es fácil ni visible. Hacemos informes técnicos, visitas domiciliarias y evaluaciones para determinar la situación de los internos y su aptitud para la libertad condicional”, explicó Julio. Los empleados también resaltan la importancia de su trabajo en la reinserción de personas en conflicto con la ley, un proceso que requiere gran compromiso y recursos.

La retención de tareas y la asamblea permanente continuarán hasta que el Ministerio de Seguridad dé una respuesta adecuada a las demandas del sector. La situación pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en los espacios de trabajo de Población Judicializada y de implementar acciones efectivas que garanticen la integridad de sus trabajadores.