Los vecinos del Barrio 127 Hectáreas reclaman aumentos desmedidos en las cuotas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), el cobro de rentas y tasas municipales. Pese a que las viviendas fueron entregadas en el 2016, los adjudicatarios denuncian que no tienen la tenencia formal de los inmuebles, carecen de mesura los terrenos y no tienen nomenclaturas catastrales individuales.

Las viviendas fueron construidas como parte de un plan provincial que fueron tasadas en un total de $600.000 con cuotas iniciales de $2500 durante 40 años. Sin embargo en noviembre de 2022, las cuotas aumentaron a $96.000. Los vecinos califican al aumento como “irrisorio” que afecta gravemente a su economía ya que muchos son jubilados, madres solteras, personas con discapacidad.

Los habitantes del barrio indican que pese a haber cumplido con sus pagos desde la entrega de la vivienda, aún enfrentan problemas como la falta de mensura de los terrenos y la ausencia de adjudicaciones formales.

Patricio Herrera, adjudicatario del plan de viviendas en diálogo con Radio 7 expresó: “Cuando llega el aumento nos hicieron juntar un montón de documentación a través del RuProVi, todos los recibos de sueldo y aún así quedó en $96.000. El Gobernador sacó la resolución que es cobrarle a los empleados públicos por planilla la cuota de la casa, nosotros estamos al día y ni siquiera somos adjudicatarios de nada, tenemos una tenencia precaria”.

En 2022, legisladores provinciales aprobaron una ley para el reconocimiento del valor histórico de las viviendas de los planes sociales. Las viviendas de las 127 Hectáreas fueron tasadas en $547.000 y al pagar la cuota durante una década, los vecinos reclaman que están próximos a cancelar la totalidad de la vivienda.

“Nosotros tendríamos que cancelar en los próximos meses la deuda de nuestra casa. Además las tierras son fiscales de Nación, en realidad eran del Ejército. Se las iban a ceder a provincia para que podamos tener mesura y hacer todo para empezar a pagar la tierra pero seguimos sin mesura” indicó Herrera.

El reclamo se intensificó tras la incorporación de nuevos impuestos municipales. Los vecinos aseguran que se les cobra servicios como la limpieza y desinfección de baldíos, aunque sus propiedades no tienen esa condición. Además, enfrentan cargos por inspecciones de terrenos, que suman alrededor de $30.000 pesos trimestrales.

“Nos quieren cobrar la limpieza de baldíos, también nos quiere cobrar rentas si nosotros no tenemos nomenclatura catastral individual. Nosotros tenemos una tenencia precaria, vos para tener tu casa, van topógrafos, saca las medidas y te dicen la extensión del terreno y lo que le tenés que pagar al Estado” indicó Herrera.

Las viviendas que fueron entregadas en octubre del 2016, aún cuentan con múltiples irregularidades administrativas. Sin embargo los vecinos enfatizan en el deseo de cancelar la deuda de la casa y ordenar la documentación para obtener las escrituras de su vivienda.

“Nosotros queremos pagar nuestra casa, porque el fin de todo esto es que nuestros hijos tengan un lugar donde vivir. Uno no está pidiendo fortuna, ni está haciendo escándalos, queremos pagar pero tampoco este manoseo de impuestos y rentas” concluyó Herrera.